La conmoción política por el viaje a Lago Escondido entre jueces, fiscales, empresarios de medios y funcionarios es total. Eso llevó a que el abogado Luciano Ortiz, que se desmarcó de cualquier espacio político, denunciara ante el Consejo de la Magistratura a los cuatro magistrados en cuestión: Julián Ercolini, de Comodoro Py, Carlos Alberto Mahiques, presidente de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, Pablo Cayssials, juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9 y Pablo Yadarola, juez del Juzgado Penal Económico N° 2.

En diálogo con PERFIL, Ortiz aseguró que es abogado hace 22 años y presentó su denuncia porque "hay que afianzar la Justicia". Además, aclaró que no pertenece "a ningún gobierno". "No soy funcionario ni candidato a nada", agregó.

El letrado reclamó que "se ve hace muchos años un poder judicial sin control". "Donde antes había control de Cámara Federal o Casación, hoy tenemos Tribunales que afianzan arbitrariedades, prevaricatos. Esto afecta a todos los argentinos", lamentó.

En ese contexto es que Ortiz pidió "replantearnos qué tipo de jueces queremos para todos. Acá hay una idoneidad moral", y apuntó al Consejo de la Magistratura: "Ya tiene un digesto de decisiones. Tiene jurisprudencia".



Por último, catalogó a lo sucedido como "un antes y un después, no es un escándalo. Es la gravedad institucional. El mensaje es 'podemos hacer cualquier cosa'".



Qué dice la denuncia que presentó Ortiz

En primer lugar, la denuncia apunta netamente a los jueces, y no a los funcionarios públicos ni empresarios también protagonistas del hecho, por lo que fue presentada directamente al Consejo de la Magistratura, entendiendo que incurrieron en el "mal desempeño" de sus funciones por el que debería iniciarse su "remoción".

Primero, cita que tanto Marcelo Silvio D'Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le negaron al diario Página/12 que hayan realizado el viaje, "pero como se observa en la prueba documental (agregada presente), contradice lo desmentido, dado que sus nombres figuran en el formulario en el que consta la lista de pasajeros del vuelo privado en el que fueron todos", incluidos los cuatro jueces denunciados.

Además, describe la nota publicada en Página 12, donde se publican los textuales de las concejalas de Bariloche y El Bolsón, Roxana Ferreyra y Rosa Monsalve, que respaldaron la visita de este grupo de funcionarios públicos a la mansión del magnate Joe Lewis, amigo del expresidente Mauricio Macri. Y agrega las fotos con la información del vuelo privado en el que viajaron, tomadas de un artículo de El Destape. 

Todo esto se engloba en las acusaciones del kirchnerismo como una prueba más del lawfare, proceso en el que entienden una persecución sistemática y organizada hacia dirigentes y gobiernos populistas desde las esferas más altas de poder.



"Asimismo, el diputado Eduardo Valdez ya le había sugerido a Juan Bautista Mahiques que ponga a disposición su celular para que la Justicia lo audite. Dado que había sido denunciado por "Apretar a jueces y juezas para obtener fallos a la carta", agregó Ortiz, detallando algunos de esos episodios por los que apuntaron al Fiscal General de la Ciudad.

"Entiendo que los magistrados denunciados deberían ya de por si explicar las razones, el porqué (sic), y la finalidad de haber compartido ese vuelo con ex personal de inteligencia y con ex funcionarios del gobierno anterior denunciados de por presionar jueces, y ser parte de lo que se denomina GUERRA JUDICIAL", agregó Ortiz.

"¿Por qué viajaban?; ¿por qué en un avión privado?; ¿para qué viajaban y, más aún, todos juntos?; ¿quién pagó el vuelo?; ¿cómo se pagó el vuelo?; ¿adónde iba?; ¿cuántos días?; ¿cuál era el objetivo del vuelo?; ¿qué relación o vinculación los une?; ¿cómo volvieron?; ¿fueron a la mansión del Sr. Joe" Lewis?", se preguntó en su denuncia Ortiz.

Y concluyó pidiendo que se cite a declarar a todos los funcionarios que participaron del viaje, además de cualquier material probatorio de las cámaras de seguridad de la PSA, y que se informe quién abonó el vuelo, entre otras medidas.