El gobernador veto otra ley sobre violencia contra mujeres
2012-09-19 18:36:00 |Se trata de la denominada Ley de Trata, que fue vetada por el Ejecutivo provincial según lo publicado en el Boletín Oficial por “inexactitudes e imprecisiones”. Este veto se suma a otros sobre la misma problemática como el protocolo de actuación de la policía en caso de violencia familiar y la creación de un refugio para mujeres golpeadas y sus hijos.
La Ley Nº 6.136 fue aprobada por la Legislatura de la Provincia por el cual se crea el Programa Provincial de Prevención y Asistencia a la Víctima de Grupos que Usan Técnicas de Manipulación Psicológica o Persuasión Coercitiva, de Trata, Explotación de cualquier índole y/o Reducción a Servidumbre.
La norma sancionada fue elevada al Poder Ejecutivo para su examen, y fue vetada según lo publicado en el Boletín Oficial. Se cuestionó que la norma designa en carácter de autoridad de aplicación a tres órganos con diferente jerarquía y dependencia funcional.
Este veto es uno más del actual gobernador Ricardo Colombi que particularmente deroga leyes aprobada por mayoría en ambas cámaras legislativas que atacan a la problemática de la violencia contra la mujer.
Hace dos años atrás, el mandatario provincial vetó dos normas que buscaban proteger a las mujeres víctimas del maltrato como eran: el Protocolo de actuación para la Policía en casos de violencia familiar y la ley que establecía la necesidad de creación de un refugio para mujeres abusadas y sus hijos. Paradójicamente ambos proyectos fueron elaboradas y presentados por una diputada del mismo partido político de Ricardo.
La explicación que justifica el veto
Se designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno del cual depende la Policía de la Provincia-, Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- y al Gabinete de Investigaciones Antropológicas dependiente del Instituto de Cultura de Corrientes.
“Ello implica constituir tres organismos decisorios, con la consiguiente disminución de la eficacia en la implementación del Programa, así como la toma de posibles decisiones contradictorias y yuxtapuestas” consideró el Gobierno.
Además señala que el Gabinete de Investigaciones Antropológicas (GIA), creado por Ley Nº 4.250 tiene por objeto el “desarrollo de las comunidades rurales y urbanas de la provincia de Corrientes” y que al ser una entidad de carácter cultural no cuenta con competencias funcionales relacionadas con el tema objeto de regulación de la Ley de Trata de Persona.
También se objetó que entre los objetivos del Programa creado por la Ley Nº 6.136, se encuentran los de constituir grupos interdisciplinarios idóneos que faciliten a las víctimas su egreso de los grupos de manipulación, incluyendo el “tratamiento victimológico” y el diagnóstico e identificación de la víctima. De ello se deduce que tales grupos deberán estar conformados por agentes pertenecientes al sector sanitario (médicos, psicólogos, psiquiatras, entre otros), cuya incorporación específica a las carteras ministeriales de Gobierno y Derechos Humanos no prevé la norma.
Tampoco se consideró razonable que sólo uno de las autoridades de aplicación de la norma el Gabinete de Investigaciones Antropológica se encuentre facultado para convocar a otros organismos en la ejecución del programa, cuando la designación del carácter de órgano decisorio es atribuida de forma conjunta a tres organismos de la Administración.
Asimismo no se prevé la participación específica de la Subsecretaría de Trabajo, a pesar de que el objeto de la norma incluye los supuestos de violencia laboral; ni del Consejo Provincial de la Mujer, a pesar que el objeto comprende los casos de violencia sexual.
Respecto a la caracterización de las víctimas, se sostiene que resulta indudable que los padres e hijos, cónyuge, conviviente y parientes sean asimismo consideradas víctimas.
“La norma analizada presenta imprecisiones terminológicas, de las que resulta la determinación confusa de los sujetos protegidos por el programa. En efecto, la Ley Nº 6.136 agrupa la trata de personas, la violencia laboral, el abuso sexual y la manipulación psicológica individual y grupal, supuestos diferentes que requieren un tratamiento específico” precisó el Ejecutivo al informar la necesidad de presentar un proyecto más adecuado.
Por lo expuesto y atento a la relevancia de las observaciones formuladas, el Poder Ejecutivo consideró conveniente y conforme a derecho vetar la Ley Nº 6.136, y elevar a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de Ley.
La norma sancionada fue elevada al Poder Ejecutivo para su examen, y fue vetada según lo publicado en el Boletín Oficial. Se cuestionó que la norma designa en carácter de autoridad de aplicación a tres órganos con diferente jerarquía y dependencia funcional.
Este veto es uno más del actual gobernador Ricardo Colombi que particularmente deroga leyes aprobada por mayoría en ambas cámaras legislativas que atacan a la problemática de la violencia contra la mujer.
Hace dos años atrás, el mandatario provincial vetó dos normas que buscaban proteger a las mujeres víctimas del maltrato como eran: el Protocolo de actuación para la Policía en casos de violencia familiar y la ley que establecía la necesidad de creación de un refugio para mujeres abusadas y sus hijos. Paradójicamente ambos proyectos fueron elaboradas y presentados por una diputada del mismo partido político de Ricardo.
La explicación que justifica el veto
Se designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno del cual depende la Policía de la Provincia-, Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- y al Gabinete de Investigaciones Antropológicas dependiente del Instituto de Cultura de Corrientes.
“Ello implica constituir tres organismos decisorios, con la consiguiente disminución de la eficacia en la implementación del Programa, así como la toma de posibles decisiones contradictorias y yuxtapuestas” consideró el Gobierno.
Además señala que el Gabinete de Investigaciones Antropológicas (GIA), creado por Ley Nº 4.250 tiene por objeto el “desarrollo de las comunidades rurales y urbanas de la provincia de Corrientes” y que al ser una entidad de carácter cultural no cuenta con competencias funcionales relacionadas con el tema objeto de regulación de la Ley de Trata de Persona.
También se objetó que entre los objetivos del Programa creado por la Ley Nº 6.136, se encuentran los de constituir grupos interdisciplinarios idóneos que faciliten a las víctimas su egreso de los grupos de manipulación, incluyendo el “tratamiento victimológico” y el diagnóstico e identificación de la víctima. De ello se deduce que tales grupos deberán estar conformados por agentes pertenecientes al sector sanitario (médicos, psicólogos, psiquiatras, entre otros), cuya incorporación específica a las carteras ministeriales de Gobierno y Derechos Humanos no prevé la norma.
Tampoco se consideró razonable que sólo uno de las autoridades de aplicación de la norma el Gabinete de Investigaciones Antropológica se encuentre facultado para convocar a otros organismos en la ejecución del programa, cuando la designación del carácter de órgano decisorio es atribuida de forma conjunta a tres organismos de la Administración.
Asimismo no se prevé la participación específica de la Subsecretaría de Trabajo, a pesar de que el objeto de la norma incluye los supuestos de violencia laboral; ni del Consejo Provincial de la Mujer, a pesar que el objeto comprende los casos de violencia sexual.
Respecto a la caracterización de las víctimas, se sostiene que resulta indudable que los padres e hijos, cónyuge, conviviente y parientes sean asimismo consideradas víctimas.
“La norma analizada presenta imprecisiones terminológicas, de las que resulta la determinación confusa de los sujetos protegidos por el programa. En efecto, la Ley Nº 6.136 agrupa la trata de personas, la violencia laboral, el abuso sexual y la manipulación psicológica individual y grupal, supuestos diferentes que requieren un tratamiento específico” precisó el Ejecutivo al informar la necesidad de presentar un proyecto más adecuado.
Por lo expuesto y atento a la relevancia de las observaciones formuladas, el Poder Ejecutivo consideró conveniente y conforme a derecho vetar la Ley Nº 6.136, y elevar a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de Ley.
