La Causa AFA ingresó en una etapa crítica tras el pedido formal de detención e indagatoria para las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. El fiscal federal de Santiago del Estero elevó este requerimiento ante la justicia, señalando al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, como presuntos líderes de una estructura dedicada a la malversación de fondos y lavado de activos.

La solicitud del Ministerio Público no se limita a la privación de la libertad, sino que exige un despliegue de medidas cautelares sobre el patrimonio de los implicados y sus círculos cercanos para evitar la dispersión de pruebas o activos.



Un fiscal de Santiago del Estero pidió la detención e indagatoria de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA

El dictamen fiscal sostiene que la detención es necesaria debido a la capacidad de los imputados para obstaculizar el proceso judicial, dada la magnitud de los recursos económicos que manejan y su influencia institucional. La acusación se apoya en peritajes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Inspección General de Justicia, los cuales habrían detectado inconsistencias severas entre el nivel de vida de los dirigentes y sus ingresos declarados ante el fisco.



Entre las medidas solicitadas figuran:

Inhibición general de bienes: Bloqueo total de la capacidad de vender o transferir propiedades.

Embargos preventivos: Afectación de cuentas bancarias, plazos fijos y operaciones con dólar MEP bajo sospecha de haber sido financiadas con fondos desviados de la AFA.

Allanamientos: Registros en domicilios particulares y sedes societarias para asegurar documentación contable clave.

La estructura societaria y los activos bajo sospecha

La investigación ha identificado un entramado de empresas que habrían funcionado como vehículos para la adquisición de bienes de lujo. Una de las piezas centrales del expediente es la firma Real Central SRL, vinculada al entorno de Toviggino, la cual figura como propietaria de una mansión en Pilar tasada en 17 millones de dólares.

Otras compañías mencionadas en el dictamen, como Malte, DCT y SOMA, están siendo analizadas por su participación en la compra de estancias, vehículos de alta gama y lotes en diversas provincias.