Luego de los asesinatos de al menos cuatro ciudadanos en Rosario, calificados como crímenes mafiosos propiciados por los narcos de la ciudad, el Gobierno nacional enviará al Congreso la modificación de la ley de Seguridad Interior, entre otros proyectos para combatir el crimen organizado.

En realidad, se trata de un paquete de proyectos de ley que incluirá la llamada "ley Antimafia" y la modificación de la "ley de Seguridad Interior", entre otros, con el objetivo de dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y el crimen organizado, además de proteger a la sociedad.

Así lo adelantaron en conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri.

Los funcionarios detallaron lo central de los cinco proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso por instrucción del Presidente, Javier Milei, cuya aprobación permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras medidas.

Los proyectos de ley que se enviarán son los de lucha contra Organizaciones Criminales (conocida como ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y ley de Orden Público.

Las iniciativas incluye también penalidades a la organización de piquetes, ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas.

Luis Petri, ministro de Defensa, detalló que la modificación de la ley de Seguridad interior, está pensada "para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos".

"A partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la Patria, las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia", resaltó.

La iniciativa genera polémica ya que la ley de Seguridad interior, impide la intervención de las Fuerzas Armadas, tomando como antecedente lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar en Argentina, donde hubo crímenes de lesa humanidad, torturas, detenciones clandestinas, desapariciones de personas y robo de bebés.

Petri intentó bajar el tono a la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, al afirmar que el proyecto plantea "imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza".