La eliminación de los subsidios a las tarifas hogareñas de luz y gas es un hecho sobre el cual avanzará de forma segmentada a partir de este año el Ejecutivo, aunque aún no le puso fecha oficial. La medida impactará en el bolsillo de los trabajadores, motivo por el cual el Gobierno estudia alternativas para morigerar ese costo que deberán enfrentar los usuarios.



En ese marco, desde los últimos días, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el coordinador del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, junto con otros funcionarios de esa cartera, trabajan para convencer a los gobernadores de que no aumenten el servicio energético en las provincias durante seis meses.



Sucede que, además de que significará un incremento para los asalariados, el nuevo índice de precios al consumidor elaborado por el Indec, el IPC-Nu, a diferencia del anterior, no sólo contempla la zona metropolitana, sino que divide el país en seis regiones, y la quita del subsidio redundará en la medición.



En cada una de esas regiones, publica el diario La Nación, la electricidad tiene una ponderación distinta que termina pesando en el índice. Los aumentos en la tarifa impactan sobre la medición de la inflación, que en los dos primeros meses del año arrojó un alza de 3,7% y 3,4%, respectivamente.



El 27 de febrero, luego de distintas reuniones, correcciones por parte de equipos técnicos y críticas de los gobernadores, elaboraron un borrador que reemplazó la versión con la que habían iniciado las tratativas, a principios de ese mes, consigna el matutino.



El texto explicita que "las jurisdicciones firmantes se comprometen por un plazo de 180 días a partir del 1° de enero de 2014 a mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios vigentes al 31 de diciembre de 2013". No obstante, otorga la posibilidad de transferir a la tarifa "los incrementos por acuerdos paritarios para el sector que se resuelvan durante este período".



Si se aplica, implicaría dar marcha atrás con algunos aumentos que aplicaron las provincias, tras la fuerte devaluación de enero.



El borrador que circula, añade el periódico, contemplaba la cesión al Gobierno del establecimiento de las tarifas, una potestad que hoy es de los gobernadores, salvo en los casos de Edenor y Edesur.



También ofrece avanzar hacia una convergencia tarifaria nacional; propone que las distribuidoras que estén por debajo del valor fijado por Energía podrán aumentar sus tarifas hasta ese nivel, mientras que las que estén por encima no podrán aumentar hasta la próxima determinación regional.



En tanto, mientras en el primer texto de febrero se hablaba de una cesión completa sobre el manejo del servicio de distribución, la última versión hace menos hincapié en las potestades de Nación -algo que generaba rispideces en los mandatarios- y enfatiza que la aplicación del acuerdo será "de conformidad con las respectivas normas e instituciones de la regulación provincial".