López Biscayart, juez en lo penal tributario, dispuso que efectivos de la Policía Federal realicen allanamientos en dos oficinas que Báez tiene en la Ciudad de Buenos Aires. El primero se lleva a cabo en Austral Construcciones, en el quinto piso del edificio ubicado en Pasaje Carabellas al 241, y el segundo se realiza en Lima al 300.



El magistrado ordenó los procedimientos tras una denuncia presentada por los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez, confirmaron fuentes judiciales a Infobae. Los legisladores de la Coalición Cívica basaron la presentación judicial en artículos publicados por el diario La Nación.







En esas notas, el periodista Hugo Alconada Mon, repasa negocios entre empresas de Báez y la familia Kirchner, propietaria de distintos hoteles en el sur del país. De acuerdo a la información a la que accedió el periódico, Báez alquiló habitaciones en los complejos que compraron los Kirchner a cambio de millonarios ingresos.



La Nación informó que dichos ingresos no fueron incluidos en las declaraciones juradas de Néstor y Cristina Kirchner, versión fue desmentida categóricamente por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.



Tras la difusión de la investigación de Alconada Mon, Báez hizo una inédita presentación solicitando que ningún medio publique información vinculada a sus empresas. El pedido de censura previa del empresario kirchnerista provocó una ola de críticas y un amplio rechazo de todo el espectro político. ADEPA y FOPEA condenaron el pedido de Baéz y lo calificaron de "inconstitucional".



Por su parte, el Gobierno se despegó de Báez. Durante una de sus habituales conferencias de prensa, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró estar "a favor de la libertad sin restricciones". El ex gobernador de Chaco agregó en esa oportunidad que la medida cautelar presentada por el empresario es una conducta "privada" que no le incumbe al Gobierno.