Así lo advirtió la consultora Economía y Regiones en su último informe, conocido ayer. Según sus estimaciones, cada punto de aumento salarial a los agentes públicos que otorguen las provincias, implicará un gasto consolidado de 2200 millones de pesos anuales el año próximo.



En el plano de las hipótesis, si se dispusiera un aumento del 30% para el personal estatal, el gasto total subiría a 350.000 millones y a 26.000 millones el déficit anual. Incluyendo el pago de amortizaciones, el rojo sube hasta $ 47.500 millones, prácticamente el doble del alcanzado.



¿Cómo impacta en las arcas provinciales los recientes aumentos a sus respectivos agentes de seguridad? Es difícil establecer una cifra precisa, pues cada gobernador acordó distintos porcentajes con sus respectivas cúpulas policiales. Según los cálculos de Economía y Regiones, por cada punto de aumento salarial al personal de servicios de seguridad -que significa el 15% del total de la planta-, los gobiernos provinciales deberán erogar 330 millones de pesos. Si se tomase un promedio del 65% de incremento, el gasto total se dispararía a casi 22.000 millones de pesos.



"Pese a que la incidencia relativa del personal policial es reducida, existe una alta probabilidad de que el aumento otorgado o por otorgarse a dicho sector termine dificultando las negociaciones salariales del resto de los empleados de la administración pública provincial -indica el informe de la consultora-. Esta situación se daría en un contexto de escaso margen para incrementar los recursos propios, ya que la mayoría de las provincias introdujo amplias reformas tributarias en los últimos dos años, llevando la presión fiscal provincial a sus máximos históricos, y un 2014 donde, de no mediar refinanciación, las provincias deberán atender los servicios de la deuda reprogramada con el Gobierno por 10.000 millones en concepto de intereses y amortizaciones".



PROVINCIAS ENDEUDADAS



La deuda total del conjunto de las provincias con la Nación alcanza los 74.721 millones de pesos, de los cuales algo menos de la mitad (casi 32.711 millones) corresponden a la provincia de Buenos Aires, según precisó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El martes pasado, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció que se prorrogará el programa de refinanciamiento de las deudas provinciales con la Nación por el primer trimestre del año próximo.



Dicho programa, que el gobierno nacional acordó con las provincias endeudadas en 2010, vencía a fin de este año, con lo que los gobernadores se veían obligados a afrontar pesados compromisos a partir del primer día de 2014. Así las cosas, la prórroga les da algo de alivio, aunque no por mucho tiempo.



El titular de Iaraf, Nadin Argañaraz, realizó un interesante informe en el que concluye que los recursos que las provincias deben resignar a favor de la Nación (financiamiento tributario de la seguridad social, coparticipación parcial del impuesto al cheque y derechos de exportaciones que desplazan base imponible de otros impuestos) servirían para solventar una buena parte de los aumentos salariales de sus agentes estatales.



"En algunas provincias, los fondos renunciados equivalen al 100% o más del gasto en personal, como en el caso de Buenos Aires, mientras que en promedio para todo el consolidado provincial está alrededor del 60%, un porcentaje muy significativo teniendo en cuenta que el gasto en personal es el principal gasto de las provincias", enfatizó Argañaraz.



"En el periodo 2003-2013, las resignaciones de fondos provinciales llegaron a los $ 457 mil millones medidos a valores corrientes de cada año", precisó.