Asignatura pendiente en materia de ley de coparticipación
2013-05-25 11:43:46 |En 10 años no logró sancionarse una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. La correcta asignación de funciones es de gran importancia para el buen desempeño fiscal.
Un debate económico estructural en Argentina es la reconsideración de las relaciones fiscales entre sus niveles de gobierno, principalmente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
La correcta asignación de funciones entre los distintos niveles de gobierno es de gran importancia para el buen desempeño fiscal y económico de un país.
La situación actual es que Nación y Provincias llevan a cabo políticas de ingresos y gastos públicos descoordinadas, con consecuencias negativas para la sociedad como, por ejemplo, una elevada presión fiscal sobre el sector formal de la economía Argentina se caracteriza por una fuerte centralización del poder para recaudar tributos.
Esta centralización no nace de una tradición unitaria de origen, sino que se ha ido generando a lo largo de la historia, con la recurrente cesión de potestades tributarias de las provincias en favor de la Nación, en períodos de crisis, y en respuesta a desajustes en las finanzas nacionales.
Actualmente, la estructura tributaria argentina otorga como principal fuente de financiamiento del Gobierno Federal los impuestos sobre bienes y servicios y a los ingresos.
Además, la Nación recauda las contribuciones a la seguridad social, los impuestos al comercio exterior y también impuestos a la riqueza. Por su parte, los recursos tributarios propios de los Estados provinciales provienen, fundamentalmente, de gravámenes sobre bienes y servicios y de impuestos a la propiedad.
La centralización en materia de ingresos no está acompañada por una concentración de igual magnitud en materia de erogaciones. En la actualidad, las provincias afrontan la mayor parte del gasto público social, que representa, entre educación, salud, asistencia social y seguridad social, casi la mitad de sus erogaciones.
Por su parte, los municipios emplean gran parte de sus recursos en transporte y otros servicios urbanos, así como en gasto público social.
Al analizar la evolución reciente de las transferencias anuales enviadas a las provincias tomadas en conjunto, que van tanto por dentro como por fuera del sistema de coparticipación, surge que las mismas estuvieron conformadas por transferencias de capital (incluyendo el envío automático del FFS), transferencias corrientes (enviadas por fuera del sistema de reparto de la coparticipación) y coparticipación y leyes especiales.
Las transferencias corrientes que realiza el gobierno federal a las provincias son en su mayoría envíos de partidas por servicios transferidos a las mismas, en el marco, por ejemplo de programas de salud o alimentación.
Las transferencias de capital son aportes o envíos que realiza el gobierno federal para la ejecución de obras públicas. Si bien estas revisten el carácter de no automáticas en general, dentro de este rubro se incluyen, desde abril de 2009, los envíos del Fondo Federal Solidario (FFS), cuyo decreto reglamentario establece una distribución automática a provincias del 30% de la recaudación de derechos de exportación sobre el complejo sojero, según los coeficientes de la Ley 23.548.
Debe distinguirse que si bien la masa total de recursos enviadas a las provincias mantuvo incrementos sostenidos desde los últimos años, su participación respecto de la recaudación tributaria (sin Seguridad Social), no alcanza a igualar los niveles exhibidos durante otros periodos históricos.
Asimismo, es importante señalar que la participación de cada uno de los componentes de esta masa total de recursos fue variando con el transcurso del tiempo.
En el 2009, la crisis económica impactó fuertemente en la recaudación, por lo que se vieron afectadas también las transferencias automáticas que se derivan de los impuestos coparticipables.
Sin embargo, el menor incremento de coparticipación y leyes especiales fue más que compensado por el resto de las transferencias corrientes y transferencias de capital, denotando el avance que han tenido los recursos a provincias por canales diferentes a la coparticipación como mecanismo de distribución de fondos.
Esto se redujo en 2010 y principalmente en 2011 y 2012. Incluso en este último año, las transferencias por fuera de la coparticipación mostraron un crecimiento inferior a la inflación anual.
L.G
La correcta asignación de funciones entre los distintos niveles de gobierno es de gran importancia para el buen desempeño fiscal y económico de un país.
La situación actual es que Nación y Provincias llevan a cabo políticas de ingresos y gastos públicos descoordinadas, con consecuencias negativas para la sociedad como, por ejemplo, una elevada presión fiscal sobre el sector formal de la economía Argentina se caracteriza por una fuerte centralización del poder para recaudar tributos.
Esta centralización no nace de una tradición unitaria de origen, sino que se ha ido generando a lo largo de la historia, con la recurrente cesión de potestades tributarias de las provincias en favor de la Nación, en períodos de crisis, y en respuesta a desajustes en las finanzas nacionales.
Actualmente, la estructura tributaria argentina otorga como principal fuente de financiamiento del Gobierno Federal los impuestos sobre bienes y servicios y a los ingresos.
Además, la Nación recauda las contribuciones a la seguridad social, los impuestos al comercio exterior y también impuestos a la riqueza. Por su parte, los recursos tributarios propios de los Estados provinciales provienen, fundamentalmente, de gravámenes sobre bienes y servicios y de impuestos a la propiedad.
La centralización en materia de ingresos no está acompañada por una concentración de igual magnitud en materia de erogaciones. En la actualidad, las provincias afrontan la mayor parte del gasto público social, que representa, entre educación, salud, asistencia social y seguridad social, casi la mitad de sus erogaciones.
Por su parte, los municipios emplean gran parte de sus recursos en transporte y otros servicios urbanos, así como en gasto público social.
Al analizar la evolución reciente de las transferencias anuales enviadas a las provincias tomadas en conjunto, que van tanto por dentro como por fuera del sistema de coparticipación, surge que las mismas estuvieron conformadas por transferencias de capital (incluyendo el envío automático del FFS), transferencias corrientes (enviadas por fuera del sistema de reparto de la coparticipación) y coparticipación y leyes especiales.
Las transferencias corrientes que realiza el gobierno federal a las provincias son en su mayoría envíos de partidas por servicios transferidos a las mismas, en el marco, por ejemplo de programas de salud o alimentación.
Las transferencias de capital son aportes o envíos que realiza el gobierno federal para la ejecución de obras públicas. Si bien estas revisten el carácter de no automáticas en general, dentro de este rubro se incluyen, desde abril de 2009, los envíos del Fondo Federal Solidario (FFS), cuyo decreto reglamentario establece una distribución automática a provincias del 30% de la recaudación de derechos de exportación sobre el complejo sojero, según los coeficientes de la Ley 23.548.
Debe distinguirse que si bien la masa total de recursos enviadas a las provincias mantuvo incrementos sostenidos desde los últimos años, su participación respecto de la recaudación tributaria (sin Seguridad Social), no alcanza a igualar los niveles exhibidos durante otros periodos históricos.
Asimismo, es importante señalar que la participación de cada uno de los componentes de esta masa total de recursos fue variando con el transcurso del tiempo.
En el 2009, la crisis económica impactó fuertemente en la recaudación, por lo que se vieron afectadas también las transferencias automáticas que se derivan de los impuestos coparticipables.
Sin embargo, el menor incremento de coparticipación y leyes especiales fue más que compensado por el resto de las transferencias corrientes y transferencias de capital, denotando el avance que han tenido los recursos a provincias por canales diferentes a la coparticipación como mecanismo de distribución de fondos.
Esto se redujo en 2010 y principalmente en 2011 y 2012. Incluso en este último año, las transferencias por fuera de la coparticipación mostraron un crecimiento inferior a la inflación anual.
L.G
