Hasta donde pudo averiguar 1588, un ex constitucionalista y reconocido abogado cercano al partido gobernante les había solicitado una suma cercana a los dos millones de pesos a los propietarios de la empresa ubicada en 3 de abril y Córdoba, para no avanzar en amparos que prohíben el corte del suministro por falta de pago. Existiría una fuerte presión a un lote de jueces y camaristas para que se expidan en casos puntuales donde se denota que los expedientes judiciales fueron “armados” con un claro objetivo: las demandas apuntarían a la figura de daños y perjuicios por montos millonarios, sustentadas en un fallo anterior que determinó, que la provisión del agua es un derecho humano inalienable, intransferible e imprescriptible. La idea de amparos colectivos apuntaría a rescindir la concesión a la prestataria. El Ente Regulador se vería sustancialmente lesionado. Los reclamos judiciales también se encuadrarían en futuras demandas contra el Estado provincial por cifras incalculables. El tráfico de influencia que se ejerce sobre la justicia a través de relaciones con el poder político es monumental, rememorando a los tiempos más funestos del otrora pacto conservador ya en extinción.