El Gobierno nacional denunció este martes "enormes deficiencias" en las liquidaciones de haberes en Prefectura y Gendarmería y anunció que en el próximo cobro los efectivos tendrán solucionados todos los problemas ocasionados en los pagos, por los que desde hace una semana realizan un fuerte reclamo. Sin embargo, confirmó que el haber básico no será de 7 mil pesos, tal como reclaman los uniformados.



El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, garantizó que con la "correcta" aplicación del decreto 1307/2012 los efectivos de ambas fuerzas cobrarán lo que "les corresponde" y se terminará con una liquidación "anárquica" y "delictual", por la que ya se iniciaron "acciones judiciales".



En respuesta al pedido que le acercaran los uniformados al secretario de Seguridad, Sergio Berni, Abal Medina sentenció que "en ningún área de la Administración pública hay un básico de 7.000 pesos". "No estamos respondiendo a ningún petitorio", dijo, y reiteró que serán sancionados quienes rompieron la cadena de mando golpeando a superiores: "Hay que ser muy cuidadosos".



Mediante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, y en compañía del titular de Hacienda, Hernán Lorenzino, el jefe de ministros aclaró que la gestión kirchnerista desde 2003 aumentó en seis y siete veces la inversión total destinadas a cada fuerza de seguridad.



En esa línea, confió que durante la reunión que mantuvo en su despacho la semana pasada con representantes de los trabajadores que reclaman una recomposición salarial "hablamos de dos cuestiones: que visto la situación particular con la liquidación de haberes definimos un pago complementario de los prefectos que cobraran menos de 12.500 y vieran reducidos sus ingresos por alguna razón; lo mismo con los gendarmes", se facturó igual que el mes anterior.



"No hubo una sola crítica a esto", enfatizó Abal Medina, quien reconoció que ante las "dudas" sobre cómo se liquidaban los salarios "las áreas (responsables) pasaron a depender directamente del Ministerio de Seguridad".



"Tenemos que hacer público –dijo, al respecto- que la situación no sólo reafirma las sospechas que teníamos, sino que es peor porque los problemas no sólo tenían que ver con la liquidación sino que hemos constatado a que se encontrase que la modalidad de pago generaban deficiencias que las hacían anárquicas y que son delictuales".



Abal Medina advirtió que "el 70 por ciento de los gendarmes y 60 por ciento de los prefectos tenían sus haberes judicializados, la mayoría cautelares que generaban este verdadero descalabro en las fuerzas".



"Con el mismo cargo, antigüedad un comandante podía cobrar 30 mil o 93 mil. Este es el nivel de descalabro que nos ilustra cómo se había armado una estructura sin lógica que beneficiaba a algunos", arguyó el jefe de ministros. "Frente a ese descalabro, la Corte Suprema pide que ordenemos esto", sostuvo.



"Precisamente, eso es lo que el Ejecutivo implementó con el decreto de este año. Lo que hace es recomponer la parte remunerativa del salario, lo que significa aportes, derechos. Este decreto no sólo aplica el fallo, sino que también lo complementa porque pone con mucha claridad que nadie puede cobrar un salario menor al del mes anterior, salvo aquellos que cobraran cifras desorbitantes por cautelares", señaló el jefe de Gabinete.



"Dada la complejidad de este decreto en este contexto difícil que vimos, vamos a trabajar mucho caso por caso. Garantizamos que con la correcta aplicación del decreto todos reciban la remuneración que corresponde. Los únicos perjudicados serán los que usufructuaron mediante cautelares. Esos son una absoluta minoría de ambas fuerzas. La inmensa mayoría se va a ver mejorado", concluyó en su explicación ante los periodistas.



Por su parte, el ministro de Economía, aseguró: "Queremos terminar con este desquicio administrativo". Y Brindó un detalle sobre los montos en blanco y en negro. "Los componentes no remunerativos, en el caso de Gendarmería y Prefectura, creados durante la convertibilidad realmente no sólo tenían una incidencia negativa sobre el haber sino que a veces creaba diferencias entre los mismos miembros de las fuerzas".



"La compensación de vivienda era tan perverso que se negaban al beneficio para cobrar la diferencia"; mientras que "por adquisición de textos, que son libros para quienes estudian, ahí también pasaba lo mismo porque llegaba a dar una suma de $65.396,10; por lo que lleva a que el $94.286,38", contrapuso Lorenzino.



En esa línea, subrayó: "Desde 2003 a la fecha no se han creado rubros no complementarios-no remunerativos, pero crearon el caldo de cultivo para que un estudio de asuntos jurídicos (compuesto por miembros retirados y activos de la fuerza) hiciera una industria del juicio: la masa salarial está judicializada con cautelares".



"Si un efectivo estaba judicializado cobraba un sueldo y si no lo estaba, cobraba uno mucho menor", apuntó el ministro de Economía, quien remarcó que "los efectivos fueron sometidos a abusos".



Lorenzino acusó que "el 51% de las cautelares otorgadas a gendarmes se hicieron en Santo Tomé por jueces de familia, jueces incompetentes". Así, criticó que la aceptación de medidas era automática, mientras que sus levantamientos por irregularidades "dormían en cajones de oficinas y los sueldos se seguían liquidando en base a esas cautelares".



El titular de la cartera de Hacienda expuso que "en Prefectura, sólo el 22% era remunerativo; y en Gendarmería era el 20%". "Pero, además, tenía otro efecto y es la distorsión entre los judicializados y los que no: los que hacían juicio al Estado tenían el premio de cobrar más y se deba el perverso efecto que el que cumplía órdenes cobraba más del que las daba".



Asimismo, señaló que los abogados le cobraban de hasta el 50% de los beneficios que adquirían cuando se les otorgaba la medida. "Estamos hablando de hasta 5 juzgados y unos 4 estudios", aclaró Abal Medina, enfatizando que no era algo que involucre a la mayoría.



Finalmente, sostuvo que con la aplicación del decreto existe un fuerte impacto en el sueldo básico de todos los escalafones y puso como ejemplo: "El gendarme marinero, que es el más bajo, pasa de un básico 626 a 2.696 pesos; y un cabo en caso de Gendarmería de 656 y 2.777 pesos".



El reclamo



La protesta de los suboficiales de Prefectura y Gendarmería comenzó el pasado martes, luego de que por un decreto se recortaran importantes sumas de dinero de los salarios de algunos efectivos.



Luego de que el Gobierno reconociera el error y depositara el saldo restantes de los sueldos, los prefectos y gendarmes redoblaron la apuesta y se pusieron firmes en un reclamo por un básico de 7 mil pesos.



Esa discusión será central este martes en la reunión que los suboficiales mantendrán con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien fue designado por el Gobierno para hacerse cargo de la negociación con el personal de las fuerzas.



Uno de los voceros de los prefectos, el suboficial José Luis Cabañas, aseguró que seguirán con la protesta hasta tener una "respuesta favorable" a sus reclamos, aunque aclaró que tienen "fe de que todo va a salir bien".