Durante el procedimiento dirigido por el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, se pudo constatar las deficientes condiciones en las que un grupo de peones rurales, en su mayoría menores de 17 años, trabajaban en la tala de árboles para la elaboración de postes del monte santiagueño.

Los trabajadores y cuidadores de las más de 7.000 hectáreas fiscales usurpadas, vivían en condiciones precarias, en campamentos construidos con horcones, ramas secas y plásticos color negro, según arrojó el operativo judicial.

Los obreros, -a los que se les abonaban jornales por debajo de convenios colectivo de trabajo-, no disponían de sanitarios ni de energía eléctrica, guardaban los alimentos en las ramas de los árboles y se veían obligados a dormir en el piso, en medio de la proliferación de insectos y alimañas de la región cubierta por una tupida vegetación.

“Las zonas usurpadas son colonias con un régimen instaurado hace varios años, que tiene por objetivo la radicación de personas que realizan la explotación rural al margen de la ley”, explicó el fiscal Abate.

El procedimiento dispuesto por el juez Civil y Comercial de IV Nominación, Fernando Curet, tenía por objetivo desalojar a todos los ocupantes ilegales que tomaron más de 7.000 hectáreas en los alejados parajes de Virgen del Carmen y Los Tigres, en puntos limítrofes entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.

En los campos recuperados en los que se realizaban tareas forestales, funcionarios de la Fiscalía de Estado y la Dirección de Tierras y Bosques, descubrieron que los usurpadores habían procedido al alambrado de los campos con parcelas que eran acondicionadas para la siembra de soja