Edgardo Buscaglia está preocupado. No le gusta lo que ve al retornar a la Argentina. Y eso que viene de Ucrania. Trotamundos, vive entre México y Estados Unidos, donde es académico senior en la Universidad de Columbia, trabajó como consultor en decenas de países –de Colombia a Italia y de Irak a Afganistán, entre otros–, y se encuentra ahora en Buenos Aires por unas semanas. Mezcla descanso y trabajo. Porque no le gusta lo que observa. Nada. “La Argentina se está acercando a ser una “mafiocracia’”, alerta.

Buscaglia lleva años hablando con políticos, jueces, fiscales, empresarios y otros jugadores locales, tanto en la ciudad de Buenos Aires, como en Rosario y otros puntos del país, que conoce y recorre. Así es como tiene datos certeros sobre el narco en Rosario, la pesca ilegal en el Mar Argentino o el lavado de activos en la provincia de Buenos Aires. Pero el 1° de septiembre por la noche, dice, se cruzó un límite. Vivimos, dice, “un atentado contra la democracia de Argentina”, pero también un intento del oficialismo por avanzar contra la oposición y los medios de comunicación.

Su conocimiento de las realidades incómodas de la Argentina lo llevan a lanzar varias afirmaciones que generan escozor, como que “la delincuencia organizada ha avanzado sobre el ‘mercado’ político argentino”. Pero más que en un diagnóstico, prefiere centrarse en lo que considera que hay que impulsar, empezando por leyes y medidas preventivas y punitivas. Si en ese “armazón”, dice, el horizonte es tenebroso.

–¿Qué ocurrió el jueves 1 por la noche?

–Un atentado contra la vida de la vicepresidenta que sólo una investigación policial independiente que se apoye en la cooperación internacional enmarcada en las convenciones de las Naciones Unidas (ONU) podrá determinar si lo perpetró un “lobo solitario” o una organización criminal. Que fue un atentado es un dato de la realidad, pero también que el oficialismo lo quiere usar como justificativo para reprimir a la oposición y amenazar con violar los derechos humanos a través de una ley mordaza como la que recomendó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por eso, para el establecimiento de un mínimo Estado de Derecho en Argentina se requiere de un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas de un país

–¿Qué quiere decir con eso?



–Ante un atentado contra la vicepresidenta, en una democracia mínimamente sana es necesario como primera acción que el Gobierno y todos los partidos emitan un comunicado conjunto y formal, no sólo repudiando toda violencia política, sino llamando a la paz social, para luego conformar un cuerpo pluripartidario que aleje cualquier atisbo de violencia hacia futuro. A eso debe sumarse, insisto, una investigación policial independiente del Gobierno de turno, como también una comisión bicameral ad hoc que aplique una supervisión de la investigación policial por parte de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, asistida técnicamente por Interpol, tal como ha ocurrido en otros países que sufrieron atentados de este tipo. Todo esto transmitiría un mensaje de unidad para afrontar la violencia social generada por la delincuencia organizada de naturaleza política.



–¿Considera que falta, también, impulsar algunas leyes?



–Falta una ley contra la delincuencia organizada, que es algo muy diferente a la asociación ilícita. En Italia, por ejemplo, el fiscal antimafia debe avanzar contra políticos que integran una red delictiva junto a empresarios, pantallas de sociedad civil y sicarios, operativos. Cuenta para eso con un abanico amplio de beneficios procesales que puede ofrecerles a los acusados. No solamente la figura del arrepentido, como en la Argentina, sino beneficios en programas de protección de denunciantes, de testigos y de colaboradores muy sofisticados y que la Argentina no tiene. Por supuesto, lo que aporte un eventual colaborador, para continuar el ejemplo, debe ser acompañado con evidencia dura. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, con la ley “Rico” [por la ley que penaliza las organizaciones corruptas, el chantaje y las influencias delictivas]. Y a partir de allí, los fiscales deben juntar las piezas del rompecabezas de manera tal que exponga toda la estructura criminal. Esto es lo que se perfila en el caso, otra vez, de la vicepresidenta. Es un caso de delincuencia organizada, tal como lo explicó el fiscal [Diego] Luciani, que debería contar con una ley contra la delincuencia organizada, una ley antimafia, más que una figura de “asociación ilícita”, que es inapropiada para definir las relaciones jerárquicas de poder.



–¿Por qué insiste tanto en la necesidad de impulsar un paquete de reformas legislativas que incluya también otra ley de decomiso de bienes?



–Porque la Argentina tiene el decomiso en materia penal, pero asociada a una sentencia condenatoria que conlleva para el Estado una carga de muy, muy alta, y asociada a la aplicación de una sanción carcelaria. Pero todos los países que han combatido la delincuencia organizada la encaran con gran flexibilidad y desde el Derecho Civil, no Penal. Así se los presenté a Sergio Massa y Graciela Camaño en 2014, cuando evaluaron un proyecto de ley modelo de las Naciones Unidas, y les mostré un abanico de leyes de ese tipo como la colombiana, la italiana y la norteamericana, donde la clave para extinguir el dominio sobre el patrimonio es si podés o no explicar el origen legal de ese patrimonio.



–¿Y qué pasó?



–Bueno, estos legisladores deben haber consultado de inmediato a empresarios y a otros financiadores de campañas políticas. Y comenzaron a quitarle causales a la iniciativa legislativa. Finalmente, quedó en nada. También nos reunimos con el senador Federico Pinedo, que estaba negociando una ley de extinción de dominio con Miguel Pichetto, y ellos dejaron que los penalistas debilitaran el proyecto al nivel de dejarlo eunuco, sin ningún tipo de efecto sobre la delincuencia organizada.



–¿Por qué cree que hicieron eso?



–Cuando hablamos con estos políticos, sin excepción, nos dijeron que tenían mucho miedo que les aplicaran esa ley a ellos. No porque fueran corruptos, sino porque la relación entre oposición y gobierno de turno es de tal abuso de discrecionalidad que cualquier ley adecuada puede aplicarse mal. Lo hemos visto en otros países: los políticos honestos terminan ahuyentados, entre la cobardía y la mediocridad. Eso, más que la corrupción, explica mucho por qué no se aprueban estas leyes antimafia.



–También la ley de Responsabilidad Penal Empresaria comenzó como un buen proyecto, pero lo retocaron en el Congreso hasta dejarlo sin dientes, ni colmillos. Hoy, no sirve.



–Exactamente. No se puede combatir la delincuencia organizada en la Argentina con los vacíos legislativos que hay, aún cuando tengas fiscales valientes como Luciani. La delincuencia organizada no se limita al narcotráfico, pasa por la trata de personas, el tráfico de armas o de medicinas ilegales, o la pesca ilegal, que es principalmente chino, con cientos de embarcaciones saqueando el mar argentino, empaquetando lo obtenido en Uruguay y llevándoselo congelado a otros países. Y puedo mencionar otros negocios en los que la delincuencia organizada está metida junto a políticos y empresarios.



–¿Qué lo inquieta sobre el futuro de la Argentina?



–Aparte del atentado contra la vicepresidenta del jueves, que la delincuencia organizada ha avanzado sobre el “mercado” político argentino. De todos los partidos. Ese “mercado” recibe dineros ilícitos de la delincuencia organizada local y también de la china, colombiana, peruana, la que venga. Esos fondos entran sin control al sistema político porque no hay controles preventivos como en todas las grandes democracias del mundo: Francia, Alemania, Canadá… Ni Massa, ni Mauricio Macri, ni ningún otro líder político conoce los orígenes del dinero que ingresa a sus partidos. Al contrario, normalmente, el político mira para otro lado y no hace muchas preguntas. Y recordemos que la Justicia electoral tiene un puñado de auditores para controlar las cuentas electorales en todo el país. ¡Es imposible! Un verdadero armazón antimafia consta de 45 elementos preventivos y punitivos. Eso explica lo que ocurrió en Francia, por ejemplo, donde condenaron a expresidentes. No es que allá sean santos, sino que tienen instituciones preventivas. Pero sin esos elementos, que la Argentina pase a ser una “mafiocracia” es un horizonte muy posible y muy cercano. La Argentina se está acercando a ser una “mafiocracia”.

–¿Rosario sería un ejemplo de eso?

–Las zonas donde hay mucha violencia no necesariamente son el mejor escenario de una delincuencia organizada. Sí, claro, los grupos criminales compiten por la infraestructura de puertos en Santa Fe. Pero el centro patrimonial de la delincuencia organizada es la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde prevalece la “pax” mafiosa, donde los delincuentes lavan su dinero, donde la corrupción política va subiendo hasta llegar a los niveles como los que describió el fiscal Luciani. El problema es que desarmar la red criminal que rodea presuntamente a la vicepresidenta con los instrumentos legales vigentes es misión imposible para el fiscal.

–¿Qué reacción cosecha cuando habla con jueces y fiscales argentinos?

–Están 100% a favor de todo lo que te estoy diciendo. Pero, como le dije antes, el problema está en los políticos. Tienen mucho miedo. Miedo, miedo, miedo. Y se amparan en los penalistas que invocan los derechos humanos y la propiedad privada, pero esos argumentos son trampas intelectuales. Los países jurídicamente más avanzados del planeta tienen leyes de extinción de dominio que respetan el debido proceso, que establecen procedimientos con abogados, en los que patrimonio que no se pueda justificar pasa al fisco. Así se aplica en Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Canadá, Japón. Esa es la única manera de mantener a raya a la Yakuza [por la mafia japonesa], a diferencia de lo que ocurre en México, donde la delincuencia organizada se volvió agresiva contra la población civil, cometiendo actos de terrorismo. Hacia ahí va la Argentina, porque eso es lo que sucede cuando los grupos criminales van capturando el mercado político y van debilitando al Estado. Sin lugar a dudas. De hecho, la Argentina es un paraíso para la delincuencia organizada mundial. La única razón por la que no padecen una delincuencia organizada más grande es porque los mercados que están en juego son pequeños comparados a México, ni están al lado de Estados Unidos. Pero la Argentina se está transformando en un país muy atractivo para capitales criminales, mafiosos, y muy poco atractivos para capitales honestos que dan trabajo real, formal.

–¿Las reformas que plantea conllevarían un viraje de fondo?

–¡No! Estas 45 medidas están implícita o explícitamente contenidas en dos convenciones que la Argentina ratificó, pero incumple. Son las convenciones de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y contra la corrupción, como planteé ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados en 2014. Estaban presentes Patricia Bullrich y Diana Conti, entre otros. Pero no reaccionaron. Sólo espero que en la Argentina nunca lleguen al punto que llevó a reaccionar a otros países, como Colombia e Italia. Fue cuando la delincuencia organizada comenzó a masacrar a la población civil, a secuestrar y asesinar políticos. Cuando los políticos vieron que el monstruo se los estaba devorando, sellaron un pacto de Estado. Hasta entonces, tendremos fiscales y jueces valientes en la Argentina, sin las armas legislativas adecuadas ni instituciones coordinadas, y seguirán combatiendo a empresas criminales del siglo XXI con herramientas del siglo XIX. Temo que el catalizador para el cambio sea el umbral del dolor.