Capuchetti había tomado esa decisión por inexistencia de delito, al evaluar que «en el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación».

Para la jueza, en todo caso sí era un tema que puede ser evaluado por «la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden administrativo».

Ese fallo, que determinó que de los 70 casos de personas vacunadas unas 65 sean considerados no delictuales, fue apelado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.