POLITICA

"LAWFAFE" CORRENTINO

2021-02-22 10:42:35 |Por orden de la Corte Interamericana, el Gobierno indemniza a Tato Romero Feris.
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El Gobierno Nacional dispuso que el ex gobernador Raúl “Tato” Romero Feris sea indemnizado con de 30.000 dólares como resarcimiento por la persecución judicial que padeció a partir de 1999, cuando la Intervención Federal de Ramón Mestre inició en su contra un cúmulo de causas judiciales con el objetivo de apartarlo del escenario político.

La decisión fue tomada en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que benefició a Romero Feris al considerarlo víctima de “lawfare”, hostigamiento judicial que sin acreditación de pruebas se articuló hace 22 años para impedir que el ex mandatario se postulara.

Según el pronunciamiento de la Corte Interamericana, Romero Feris fue víctima de un plan sistemático que buscó dañar su imagen pública mediante causas judiciales que, sin pruebas fidedignas, derivaron en una detención arbitraria y en condenas de dudosa legitimidad por las cuales ahora deberá ser recompensado.

La indemnización de 30.000 dólares constituye una suma simbólica después de 22 años de batallar contra definiciones judiciales que nunca consideraron las razones esgrimidas por Tato, acusado de presuntos hechos de corrupción que finalmente no se pudieron demostrar.

El resarcimiento resuelto por el Gobierno Nacional representa para Tato la oportunidad que esperaba hace tanto tiempo: retornar a la actividad política con la chance de postularse a un cargo público, posibilidad que le fue arrebatada mediante una sucesión de procesos penales que la CIDH puso en tela de juicio al considerarlos parte de un “lawfare” correntino.

El fallo del tribunal internacional echa luz sobre los argumentos que desde siempre defendió Tato: que las acusaciones en su contra no fueron otra cosa que trampas judiciales para conculcar sus derechos electorales, prerrogativas que el ex mandatario y ex intendente de la capital correntina podría recuperar a partir del reconocimiento gubernamental por la vía indemnizatoria.



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