Ante el creciente lobby del sector productivo, un grupo de investigadores, biólogos y graduados que integran el “Foro de Humedales NEA” esgrimen el beneficio gene­ral sobre el particular. “No siempre los intereses de un pequeño número de pro­ductores son los mismos que los de la mayoría de la población”. Este colectivo ve en la potencial ley, una he­rramienta de regulación de la producción extractivista.

Prosigue en el Congreso de la Nación y en distintos ámbitos el debate en torno al proyecto de Ley de Pro­tección de Humedales, que apuesta a generar nuevos instrumentos para su pro­tección. El parlamento ar­gentino ya tuvo en los últi­mos años oportunidades de sancionar una ley, sin lograr consensos, en un tema que genera posturas encontra­das.

Con el fin de seguir apor­tando algunas reflexiones sobre la cuestión, el Departa­mento de Comunicación Ins­titucional del Rectorado de la Unne hizo un relevamiento de opinión a un colectivo de académicos reunidos en el “Foro Humedales NEA”, sur­gido desde Corrientes y con­formado por investigadores y biólogos y estudiantes pro­venientes del ambiente es­tatal, privado y universitario, entre ellos investigadores, docentes y egresados de la Universidad.

El objetivo del foro es ha­cer pública una voz académi­ca respetando la diversidad de opiniones pero sin per­der de eje el interés común como lo son los humedales, preservando su uso susten­table que no solo considera el aspecto de su aprovecha­miento económico sino que aún más lo preserva para las futuras generaciones.

Señalan que por diversas razones, quizás centradas en una falsa dicotomía entre el sector ambientalista y el sec­tor productivo, el tratamien­to de proyectos en el Congre­so de regulación de humeda­les siempre naufragó.

—Uno de los fundamen­tos por el que el proyecto de ley es trabado, gira en torno al impacto socioeconómi­co que su sanción genera­ría. Algunos legisladores sostienen que el proyecto tal como está planteado restringirá las actividades productivas afectando a miles de productores y a los demás eslabones de la ca­dena de valor. ¿Tienen una opinión al respecto?

—Es necesario separar los beneficios ecosistémicos que provee la protección de un ambiente que es de todos, de las ganancias que obten­dría un sector reducido de la población a partir de la explotación del mismo. Cla­ramente, entendemos que el aumento de la protección de ciertos ambientes, pue­de limitar algunas áreas de producción, pero en general los ambientes seleccionados para su protección pueden traer beneficios ecosistémi­cos. Los humedales prestan una amplia gama de servi­cios importantes y funda­mentales (por ejemplo, peces y fibras, abastecimiento de agua, purificación del agua, protección de la costa, opor­tunidades de recreación y, cada vez más, turismo) que son decisivos para el bienes­tar del hombre. Al mantener el funcionamiento natural de los humedales se les per­mitirá seguir prestando estos “servicios” que impactan de manera positiva en la calidad de vida de la población en ge­neral, que lejos está del lobby productivo. Por otro lado, la interacción entre Nación y Provincia acerca de las deci­siones sobre qué y cómo pro­teger, permite que los intere­ses de ambos sean protegi­dos. Finalmente, no siempre los intereses de un pequeño número de productores son los mismos que los de la mayoría de la población, en términos de cómo interac­tuar con la protección del ambiente y al uso de los “re­cursos” naturales. Esta ley de presupuestos mínimos para el ordenamiento, protección y utilización de los humeda­les en el país, nos ayudará a que todos seamos beneficia­dos de forma equitativa en cuanto a los servicios ecosis­témicos, y a que las formas de producción extractivistas, con extensas modificaciones al ambiente sean reguladas.

—¿Cuál creen ustedes se­ría la definición de hume­dal que mejor consensúe los intereses de ambienta­listas y productores?

—En el marco del Inven­tario Nacional, “un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o per­manente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con ras­gos de hidromorfismo”.

—Existen planteos refe­ridos a la potestad de Na­ción de regular aspectos que podrían concernir a las provincias. Desde el Sena­do de Corrientes entienden que debe tenerse en cuenta el artículo 41 de la Consti­tución Nacional que indica que “las provincias se re­servaron la facultad legisla­tiva complementaria de la materia ambiental, la cual no es meramente procesal o reglamentaria respecto de las leyes de presupues­tos mínimos emanadas del Congreso de la Nación”. ¿Qué opinan al respecto?

—Podemos empezar a mirar esto desde otra pers­pectiva y no como una intro­misión del estado nacional en un territorio provincial, el tener un tercer agente que regule, arbitre o audite lo que sucede en la provincia en ma­teria de humedales y de un recurso natural estratégico para el país como es el agua, garantiza potencialmente el uso discrecional y sustenta­ble de estos ambientes.

No obstante, es verdad que desde la modificación de la Constitución en 1994, las provincias tienen la po­testad sobre los manejos de sus recursos naturales. Pero también creemos que en cuestión de protección de los ambientes debemos tener una visión más federal, y aún más regional. Por ejemplo, estas diferencias se han ma­nifestado recientemente con la problemática de la autori­zación de la pesca en el Río Paraná entre las provincias de Chaco y Corrientes. Ni los ambientes, ni su biodiversi­dad tienen límites políticos y por eso es de suma impor­tancia la concreción de una ley de presupuestos míni­mos. Un presupuesto míni­mo, como está establecido en el artículo 41 de la Cons­titución Nacional, permite tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones nece­sarias para asegurar la pro­tección ambiental. Más allá de que una ley de humedales nacional tiene incluidos diá­logos en las determinaciones de las áreas a proteger, es necesario el rol del Estado a nivel nacional, para velar por los recursos naturales que pertenecen a toda la so­ciedad. Y de alguna manera debemos asegurar el man­tenimiento de la biodiver­sidad de los humedales, su estructura y las funciones de estos ecosistemas, orientan­do su gestión en un marco de concertación y articulación federal, intersectorial y par­ticipativa.

—¿Qué rol considera de­ben jugar las provincias en la regulación de los hume­dales?

—Las provincias deben te­ner un rol protagónico en la aplicación de la definición de humedales lograda a través de un consenso nacional y representativo. Creemos que existe la posibilidad de que las provincias puedan gene­rar sus capacidades técnicas para el desarrollo de acciones y medidas para la conserva­ción, el uso sostenible y la promoción de programas de capacitación e intercambio de información dirigido al personal vinculado a la ges­tión de los humedales. Todo este proceso debería ser participativo y vinculante, en el cual tanto los grandes productores agropecuarios y forestales, un equipo técnico heterogéneo, representantes de campesinos y pequeños productores, como el resto de la sociedad forme parte de la toma de decisiones.

—¿La importancia de una ley de Humedales, se limita a la protección, con­servación de determinadas áreas?

—No podemos dejar de ver, que con en el sistema ac­tual de producción y sin esta ley de Humedales, ya hay mi­graciones, pobreza, envene­namiento, modificación ma­siva del ambiente, contami­nación, trabajo precarizado y tantas otras situaciones que desde los centros urbanos quizás no se ven. Si de una vez por todas queremos se­riamente sentarnos a discu­tir cómo modificar la situa­ción de pobreza y las migra­ciones internas, deberíamos ir un paso atrás y discutir los sistemas de producción basados en el agronegocio y el consumo desmedido. En este marco, una ley de pro­tección de humedales, puede encaminarnos hacia un ma­nejo sustentable de nuestros recursos.

l.g