COLUMNISTA

Hacia fin de año 6 de cada 10 niños estarán en la pobreza

2019-10-02 10:41:21 |Los aumentos de pobreza tienen múltiples caras. En tiempos de pérdida del poder adquisitivo y del empleo, las mujeres son las primeras en salir a la calle a hacer rendir el dinero.
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El deterioro social y la infancia postergada es la herencia de Cambiemos. El salto en los niveles de pobreza, que alcanzó el 35,4%, en la infancia supera más del 50% y seguramente hacia fin de año comprenda a 6 de cada 10 niños o niñas hasta 17 años.

El bienestar de la niñez está fuertemente condicionado por el entorno de desigualdad y las condiciones de vida de sus familias, en especial de las mujeres madres trabajadoras. A menudo los diagnósticos sociales de la niñez consideran su estado de salud, nutricional, de educación y habitabilidad, sin acentuar tanto este sistema de interrelaciones entre el sistema político-económico-social, las familias y las infancias.

Los aumentos de pobreza tienen múltiples caras. Las más contundentes son el incremento de la desocupación, que supera el 10% y se amplifica entre los y las jóvenes, y la caída en el salario real de los trabajadores por la inflación y la devaluación. Esto afecta de forma directa el entorno familiar protector de la infancia. La acumulación de capital físico, humano y social, fundamentalmente en el seno de la familia, es un factor que incide en la condición presente y futura de la niñez y repercute en sus derechos.

Al contrario de su resguardo, lo que ha sucedido es una merma. Incluso la inversión social en la infancia se ajustó, como destacan trabajos de la UNICEF al respecto. En tiempos de pérdida del poder adquisitivo y del empleo, las mujeres son las primeras en salir a la calle a hacer rendir el dinero y las dietas se modifican, repercutiendo en la nutrición y seguridad alimentaria de la niñez.

La Argentina es un país de alimentos caros, con precios similares a los de Europa o los Estados Unidos, sumado a que el acompañamiento del aumento con la recomposición salarial que se tuvo por un periodo en los últimos años ya no es tal. La crisis actual, como toda crisis, combina múltiples factores, pero la responsabilidad del Gobierno para llegar a esta situación es indudable. Cada medida económica tiene impactos sociales y distributivos que pueden ser contraproducentes sino se es sensible a sus efectos.

El rol regulador del Estado se ha perdido. Las gigantes variaciones de precios de un barrio a otro, entre supermercados grandes, los chinos, las verdulerías de barrio, etc. y los llamativos descuentos que se promocionan en un lugar y otro hacen acordar al regateo más tradicionalmente asociado al sudeste asiático o a países como India, con la diferencia que en esas naciones es propio de la economía informal y aquí está formalizado el valor en la etiqueta del producto, sin criterios objetivos que permitan comprender los determinantes de los precios de un bien o de los condicionantes según la modalidad de pago.

Adicionalmente, debemos considerar que la realidad social de la infancia en la Argentina debe ser examinada tras el cristal de las fuertes asimetrías (sociales y geográficas). En el país la desigualdad aumentó en los últimos años. La desigualdad social no se limita a expresar brechas de ingresos, sino que remite, como causa y como consecuencia, a brechas en materia de bienestar social, capital humano, activos productivos y pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.

Dependiendo de la comprensión conceptual que se adopte para explicar la cuestión social, los métodos e indicadores de medición, también se está incluyendo determinado tipo de propuestas de intervención para su resolución. No bastan medidas de ayuda social para resolver este deterioro social. Hay que detener la caída y, a su vez, sentar un camino con un rumbo donde el trabajo y lo humano se ubique en primer lugar. Eso lo direcciona la política.

Desde los 90’, el énfasis estaba en la pobreza absolutay por ingreso, aún predominante en la actualidad. En la agenda de políticas sobresale habitualmente que, para incidir en la pobreza en la infancia -incluso valiéndose del enfoque de los derechos del niño- se plantean, además del crecimiento económico, el desarrollo de políticas de lucha contra la pobreza o limitadas al sistema de protección y promoción de los niños, las niñas y adolescentes.

En cambio, la agenda de políticas para la reducción de las desigualdades sociales en la infancia refieren a una mirada sistémica, del conjunto de políticas (re) distributivas (salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda, economía, etc.), fiscales, de ingresos y trabajos, y hasta van más allá y se encuentran ligadas a las desigualdades globales, apuntando a su carácter geopolítico y a la necesidad de emprender, por ejemplo, reformas fiscales progresivas a nivel internacional, tal como lo destacan instituciones como Oxfam y la CEPAL.

Esto implica que en su cobertura no hay que sólo focalizar en la infancia pobre, sino atender al conjunto de la infancia (población hasta 17 años) y sus estratificaciones en múltiples dimensiones, lo cual nos permite comenzar a ir visualizando distribuciones institucionales estatales distintas.

Tenemos que empezar a debatir esa mirada superadora y no seguir insistiendo en una agenda social reactiva. En América Latina, cuando hablamos de pobreza en la infancia en general referimos a la pobreza absoluta que entiende que un niño integra un hogar pobre si los ingresos o gastos agregados del hogar son inferiores a un valor equivalente al necesario para la subsistencia.

Por el contrario, en los países europeos se parte de mediciones de pobreza relativa en la infancia conforme a lo que una sociedad considera como mínimo de vida aceptable. Esto tiene consecuencias. Entre otras cosas implica que, conforme la situación mejora, se deben priorizar medidas de mitigación de pobreza infantil más exigentes.

Lejos de ello, sin embargo, hoy en Argentina estamos entrampados en la agenda de políticas pobres para pobres. Esto sigue la pauta que acompaño históricamente los procesos de recesión, desocupación, ajuste y más pérdida de poder adquisitivo, que es cuando crecen las políticas de subpisos para los sectores populares (comedores, asistencia social y planes).

l.g
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