Los secretarios del Juzgado Federal 1 de Corrientes, investigados por supuesto cobro de coimas para liberar a narcos, fueron separados de sus cargos sin goce de haberes mientras continúan detenidos en una Unidad Penal Federal ubicada en la provincia de Buenos Aires.

La medida alcanza a Pablo Molina, titular de la Secretaría Penal 2 y de Federico Grau, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Magistratura que depende del juez Carlos Vicente Soto Dávila. Este último y sus dos colaboradores están imputados en la causa 9.886/2018 del registro de la Secretaría Nº 23 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde donde el magistrado Sergio Torres investiga la relación entre los funcionarios judiciales correntinos con abogados a fin de cobrar coimas para otorgarles la libertad.

La causa surge de declaraciones de abogados y sospechosos de narcotráfico que habrían contado ante el juzgado interviniente cómo eran las operatorias, los montos que supuestamente se cobraban, como también quiénes intervenían en los acuerdos para cometer diversos sucesos de corte delictivo tendientes a perturbar la correcta administración de Justicia y a garantizar la impunidad de diferentes sujetos vinculados con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes en distintas etapas.

Es la segunda causa por la que Pablo Molina es suspendido por estar investigado. Hace un año el funcionario había sido desplazado de su cargo luego de que lo procesaron por los delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento.

La disposición de la Cámara de Apelaciones de Corrientes es por supuestas maniobras para devolver vehículos secuestrados al narcotráfico. El funcionario había sido imputado por esos delitos, fue desplazado de la Secretaría Penal y se lo destinó a la Secretaría de Derechos Humanos, pero entonces solicitó licencia y no volvió a presentarse a su lugar de trabajo. Tras esto se lo dejó cesante en la función. Esto mientras avanza en el Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes la investigación originada en una denuncia del fiscal federal Flavio Ferrini, quien advirtió que se intentaba entregar a un tercero y con documentos falsos. Se trata de un vehículo de alta gama que fue secuestrado en una concesionaria de Posadas a una supuesta organización de lavado de dinero del narcotráfico.

Estas averiguaciones se originaron en una presentación conjunta, derivada de una investigación preliminar que era llevada adelante por los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, respectivamente a cargo de la Fiscalía General y las Fiscalías Federales de Corrientes.

l.g