Fuente: ambito.com

La decisión de Mauricio Macri de eliminar el Fondo Federal Solidario (el FFS, que se nutría del 30% de las retenciones a las exportaciones de soja) impactó ayer en los gobernadores, no tanto por la poda 2019 -que, por lo bajo, digieren como "el mal menor" y ya estaba en la mesa de la discusión con Nación por el ajuste post FMI- sino por el hecho de que el zarpazo nacional en esa estratégica remesa a provincias y municipios, destinada a obra pública, arrancará sorpresivamente este año.

La medida, oficializada por el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne (hoy se publicará el decreto de necesidad y urgencia) redundará en un ahorro fiscal para la Casa Rosada de $8.500 millones en 2018, y de $ 26.500 millones en 2019. Es poco más de un cuarto del ajuste de $100 mil millones que Nación le exige a las provincias.

En voz alta o por lo bajo, gobernadores y ministros de Economía (opositores y de Cambiemos) focalizaron ayer buena parte de las quejas en que el borrón del Fondo Sojero se disparó finalmente desde este año, y no desde 2019, como se venía barajando en la mesa de negociación Nación-provincias.

De hecho, en algunos distritos evaluaban ayer reclamar a la Rosada que la pulverización del Fondo Solidario rija desde el 1 de enero.

"Es una posibilidad", aseguró ayer un gobernador peronista a este diario, además de admitir: "Sabíamos que lo íbamos a perder -bien no cae, pero es un mal menor-, pero no este año". La estocada será discutida en una cumbre que ministros de Hacienda provinciales mantendrán mañana en la porteña Casa de Salta.

"Estamos hablando de obras que ya están en marcha y que ahora no está claro cómo van a seguir; esta medida afecta mucho a los intendentes", advirtió el justicialista salteño Juan Manuel Urtubey.

Sin embargo, desde despachos nacionales defendieron la ingeniería y buscaron domar ese malestar. "El efecto en las arcas provinciales no llega a los $5.700 millones en 2018, y representa menos del 4% de los recursos por sobre el presupuesto que están recibiendo las provincias", dijeron a Ámbito Financiero, en referencia a que operarán reintegros por unos $2.700 millones, por lo que en los hechos el cierre de grifos será menor a los $8.500 millones anunciados por Hacienda.

En esa línea, destacaron que "las provincias recibieron por sobre el presupuesto más de $83 mil millones entre enero y julio de 2018". "Las medidas tienen un impacto casi nulo respecto de esos valores", argumentaron.

Más allá de que el fin del Fondo Sojero (creado en 2009, durante el Gobierno de Cristina de Kirchner) estaba en el menú de la negociación Nación-provincias, las críticas más fuertes brotaron desde mandatarios de la Patagonia, que vienen de batallar y lograr freezar un decreto de Macri que recortaba las asignaciones familiares.

"Vamos a defender todos los derechos adquiridos que hoy tiene la Patagonia", disparó el chubutense Mariano Arcioni. "Rechazamos la eliminación del Fondo, una medida que exige una urgente revisión porque rompe con un instrumento esencial para el desarrollo de infraestructura social y crecimiento equitativo de provincia y municipios", dijo el neuquino Omar Gutiérrez (MPN).

La avanzada forma parte de la pulseada entre Macri y los mandatarios para consensuar un ajuste de unos $100 mil millones que deberán aportar las provincias en el Presupuesto Nacional 2019 para arañar el 1,3% de déficit que el Fondo exige para el año que viene.

Esa intensa y reñida negociación tendrá un nuevo capítulo mañana cuando, tal como lo anticipó ayer Ámbito Financiero, los ministros de Economía de las provincias se reúnan en tierra porteña -esta vez, en la Casa de Salta- para pulir la contraoferta que oficializarán ante Nación para cumplir con el aporte en el ajuste que les reclama Macri.

Funcionarios económicos del interior coincidieron ayer ante este diario en que el fin del Fondo Sojero resuelve "poco más de un cuarto" (26%, precisaron desde Nación) del recorte de $100 mil millones que les reclama Nación.

"Era previsible, y varias provincias la considerábamos la 'menos peor' de las alternativas", señaló un ministro. "Nuestro interés es proteger los fondos sociales", aportó un par de otra provincia.

Otra variante en análisis apunta a la reducción de los subsidios federales al transporte en todo el país, con epicentro en CABA y Buenos Aires. "Representan poco más de la mitad de los $100 mil millones, pero no hay consenso aún en eliminarlos y se están evaluando alternativas", reveló otro ministro. De avanzar en esa variante, restaría definir un cuarto del ajuste provincial.

Por de pronto, la cartera de Dujovne remarcó que el FFS (que desde este año no reciben ni La Pampa ni San Luis por no haber sellado el Consenso Fiscal con Macri en noviembre) fue creado en 2009, "cuando las provincias sólo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales". "Gracias a decisiones del Gobierno, han pasado a recibir en la actualidad un tercio de los recursos y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación", dijeron. Y enfatizaron que "la reducción de los reintegros a la exportación, que se deduce de recaudación coparticipable, compensa parcialmente la pérdida de ingresos de las provincias".